Diversos organismos de derechos humanos sostuvieron que se cometió un delito contra manifestantes que protestaban contra la ley ómnibus.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han unido hoy para presentar una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su homólogo porteño, Waldo Wolff, por el empleo de una sustancia corrosiva por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra la llamada Ley Ómnibus.
La “Red Federal por la defensa de los DDHH y la democracia”, conformada por múltiples entidades humanitarias, también ha solicitado una medida cautelar para evitar que las fuerzas de seguridad empleen este compuesto químico.
La denuncia argumenta que el arrojo de sustancias químicas altamente lesivas a las personas constituye un grave caso de Violencia Institucional y debe ser investigado, pues representa un riesgo significativo para la salud.
El grupo UTEP ha presentado un amparo colectivo por las “bajas irregulares” en el programa Potenciar Trabajo.
La denuncia subraya que el uso de este compuesto químico, conocido coloquialmente como “nuevo gas pimienta”, se ha convertido en una práctica indiscriminada contra aquellos que ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse o expresar solidaridad con los manifestantes.
Los organismos humanitarios han denunciado el uso de este compuesto como un instrumento de tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
En defensa de la salud pública y la integridad física de las personas afectadas, se ha solicitado la prohibición temporal del uso de este compuesto químico mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.
La denuncia ha sido presentada ante el juzgado de instrucción número 14, a cargo interinamente del juez Carlos Bruniard.
La sustancia química en cuestión causa graves lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo problemas pulmonares, irritación cutánea y daño ocular.
La denuncia también ha invocado la figura de la tortura como delito imputado a las autoridades de los ministerios de Seguridad.
Entre las organizaciones que firman la denuncia se encuentran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).