Según el portal INFOBAE, la cartera de Pettovello ratificó ante la justicia que “casi la mitad” de los lugares donde los piqueteros distribuían alimentos “no existen” y presentaron más pruebas. Describieron el mecanismo que involucraría a los ex funcionarios: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
El Ministerio de Capital Humano ratificó la denuncia penal que realizó después de verificar que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía el Gobierno anterior con “alimentos frescos”, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio, o sus direcciones no existían.
“Un plan sistemático”
Desde Capital Humano le recordaron a la fiscalía que “la normativa de la Administración Pública Nacional establece que, si se tienen rendiciones de cuentas pendientes con el Estado Nacional, de fondos recibidos, habiendo vencido los plazos para la presentación de las mismas, no se puede continuar recibiendo dinero”, como, da entender el nuevo Gobierno, sucedió durante la administración de Alberto Fernández. Sus tres ministros de Desarrollo Social fueron: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Ayer, después de presentar más pruebas que implicaría a dirigentes sociales y ex funcionarios del Gobierno de Unión por la Patria vinculados por la distribución de comida a comedores y merenderos comunitarios que “no estaban validados,” sostuvieron en los tribunales de Comodoro Py que las pruebas colectadas y las auditorías ordenadas por la ministra Sandra Pettovello, los lleva a concluir que: “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.
La sospecha es que los dirigentes sociales seguían recibiendo las partidas de comida a pesar de estar cerrado el lugar. Entre la documentación aportada se sostiene que “varios comedores fueron inscriptos por diferentes organizaciones sociales”. Según las auditorías ordenadas por la ministra Pettovello apenas el 8% de estas partidas de alimentos, que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social eran rendidas.
“Sólo se pudieron relevar el 52,3% de los comedores. El restante 47.7% no funciona más como tal; el 25% de las direcciones no existen o nunca funcionó un merendero”.
En la presentación judicial, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, y que está delegada en la fiscalía federal de Ramiro González, se los denomina “comedores fantasmas”.
Ayer, Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano, además de ratificar la denuncia, presentó nueva documentación que avalaría que miles de toneladas de alimentos tuvieron un destino, como mínimo incierto.
En el escrito se enfatiza que desde el entonces Ministerio de Desarrollo Social no se efectuaba un seguimiento sobre los alimentos que se suponía, debían estar destinados a las familias más vulnerables.
Funcionarios y dirigentes sociales
“Estos comedores, que estaban en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos secos o el dinero, según el caso. Una vez recibido dinero o alimentos, no existía un control por parte del Estado nacional sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar, recibían efectivamente los alimentos, conforme lo aportado en esta causa se puede observar, como muchos de los comedores inexistentes estaban representados por estas a quienes ellas decían asistir”, sostuvo en la ratificación de la denuncia en la que se solicita investigar el presunto “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”.
La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de esos insumos de primera necesidad debían tener “trazabilidad”, es decir, a qué comedores eran destinados, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas se asistían. Según Capital Humano, en el 92% de los casos eso no sucedió.
Una semana atrás, la cartera de Pettovello presentó ante el fiscal Ramiro González planillas Excel con 1.201 lugares “no validados”, sus direcciones y las organizaciones que los inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), que estaba bajo la órbita de la dirigente de La Cámpora Laura Alonso, la entonces Secretaria de Inclusión Social.
Fuente: Infobae