El anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, generó una fuerte reacción de las trabajadoras, quienes denuncian el vaciamiento de políticas públicas y exigen la reincorporación de los empleados despedidos. La medida pone en riesgo la continuidad de programas esenciales para combatir la violencia de género.
El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% en la planta del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, como parte de la reducción trimestral de contratos estatales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comunicó la medida, lo que provocó una rápida reacción de las trabajadoras, quienes denunciaron el vaciamiento de políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores.
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, declaró Cúneo Libarona en su cuenta de X.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respondió con un comunicado condenando la decisión y describiéndola como un desmantelamiento del programa para combatir la violencia de género. “Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”, afirmaron.
Las ex empleadas señalaron que “el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para abordar problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así compromisos nacionales e internacionales, y generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.
“Las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en los medios de comunicación anunciando que habrá más despidos, contradiciéndose al afirmar que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible sin los trabajadores especializados que están despidiendo”, denunciaron en referencia a los comentarios de Cúneo Libarona.
Además, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, sin reconocer las especificidades de la Ley 26.485 de violencia por motivos de género y equiparando las obligaciones del Estado frente a cualquier delito con aquellas establecidas en acuerdos internacionales en materia de género”.
Según las denunciantes, es imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. “En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras, haciendo imposible el cumplimiento de esta ley”, añadieron.
El equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual también redujo su planta a solo dos trabajadoras.
“Actualmente hay más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional clasificadas como de Altísimo Riesgo/Emergencia, esperando la asistencia garantizada por el Programa Acompañar”, detallaron las especialistas. “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya habían sufrido despidos en diciembre y en marzo, ahora se reducen aún más, en un 50%”.
El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y reducido a guardia mínima en otras. Lo mismo ocurrió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que ahora funciona con una sola trabajadora.
“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y de todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, declararon, anunciando que avanzarán por la vía judicial.