El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, criticó el decreto 652/24 por restablecer la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias, argumentando que aumenta la carga para trabajadores y jubilados mientras reduce la de los grandes patrimonios.
Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias mediante el decreto 652/24, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, criticó duramente al Gobierno de Javier Milei: “Restablecieron Ganancias y el Presidente que prometió severas medidas no cumplió con ninguna. Este impuesto ha vuelto a afectar a los sectores más vulnerables. En comparación con el régimen anterior, la diferencia entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es mínima”.
Aguiar señaló que “el régimen impositivo está retrocediendo y se aleja de las tendencias globales. Mientras en otros países se debate un impuesto a los grandes patrimonios, en Argentina el nuevo paquete fiscal reduce la carga tributaria para los grandes patrimonios y aumenta la carga para trabajadores y jubilados”.
De acuerdo con el último informe de la Junta Interna de ATE en el INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser considerada pobre, mientras que el nuevo mínimo no imponible es de $1.494.000 de bolsillo. Esto deja una diferencia de apenas $131.971 entre la línea de pobreza y el pago de Ganancias.
El dirigente estatal calificó el impuesto como “inconstitucional” y agregó que la nueva fase afecta aún más a los trabajadores del sector público. “No solo se redujo el mínimo no imponible, sino que se eliminaron regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica y se suprimieron deducciones. La nueva reglamentación también afecta las autonomías provinciales y municipales, eliminando normas locales que eximían parte del salario”, detalló Aguiar.
El sindicato reportó que más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional serán alcanzados por el impuesto, representando cerca del 16% de la plantilla. Además, se incluyen empleados de organismos descentralizados como PAMI, ANSES, AFIP y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), así como aproximadamente 30 mil trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas, en su mayoría en el sector salud.
Aguiar concluyó que “sin la complicidad de las fuerzas políticas en el Congreso y algunos sectores sindicales que han ignorado la situación, se podría haber evitado este aumento en la regresividad del sistema tributario. Estamos cada vez más lejos de que en Argentina paguen más impuestos quienes más tienen. Vamos a explorar la vía judicial y definir medidas de acción directa para rechazar este tributo ilegal”.