La Encuesta Inquilina 2024 expone un grave deterioro en las condiciones habitacionales tras la derogación de la Ley de Alquileres. Con aumentos descontrolados y contratos más precarios, el acceso a la vivienda se torna cada vez más difícil en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Un relevamiento reciente de organismos como ACIJ, IDAES y CEUR Conicet revela el impacto de la desregulación del mercado de alquileres implementada tras la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023, por decreto presidencial. La medida no solo elevó los costos de vida, sino que también incrementó la inestabilidad de los hogares inquilinos en un contexto de crisis económica.
Contratos más cortos y ajustes más frecuentes
El crecimiento del sector inquilino, que entre 2017 y 2023 pasó del 15,8% al 18,4% en el AMBA y del 29,5% al 36% en la Ciudad de Buenos Aires, no vino acompañado de políticas de protección. Tras la derogación de la ley, los contratos de tres años fueron reemplazados por acuerdos de menor duración, lo que disparó los ajustes: solo el 7% de los hogares logra actualizaciones anuales, mientras que el 46% enfrenta aumentos trimestrales.
El impacto económico es contundente: el 38% de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, cifra que asciende al 55% en hogares por debajo de la línea de pobreza. Además, el 59% de las familias ha debido endeudarse para cubrir alquileres o servicios básicos.
La encuesta también denuncia el agravamiento del hacinamiento, que afecta al 36% de los hogares inquilinos y al 55% entre los sectores más vulnerables. Las expectativas no son alentadoras: el 42% prevé un empeoramiento del mercado de alquileres, y un tercio de los encuestados teme no poder renovar su contrato.
Mientras muchas ciudades implementan normativas para equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos, el decreto argentino eliminó la previsibilidad del mercado. Esta decisión, calificada como excepcional por su implementación mediante un DNU, dejó a miles de familias en situación crítica, consolidando a la Argentina como un caso único en la región en términos de desregulación habitacional.