El Departamento de Justicia norteamericano intervino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y apoyó la suspensión del fallo que obliga a transferir títulos de la petrolera. Se trata de un cambio de postura respecto a 2019.
La Justicia de Estados Unidos sumó un apoyo clave para la estrategia legal del Gobierno argentino en la causa por la expropiación de YPF. A través de una presentación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó frenar la entrega inmediata de las acciones de la petrolera estatal, en respuesta al fallo que favorece al fondo Burford Capital con una indemnización de 16.000 millones de dólares.
La intervención del DOJ —en calidad de amicus curiae— marca un giro con fuerte peso político: el gobierno de Joe Biden sostuvo que tiene un “interés sustancial” en el caso, al considerar que afecta cuestiones de inmunidad soberana y relaciones internacionales. En el escrito, el Departamento advirtió que forzar la entrega de las acciones antes de una decisión definitiva podría generar un daño irreparable a la Argentina, y subrayó que no existe base legal para ejecutar bienes estatales fuera del país.
El respaldo contrasta con la postura que había adoptado la administración de Donald Trump en 2019, cuando el mismo organismo recomendó desestimar los planteos argentinos. En paralelo, Burford propuso una garantía “menos onerosa” a cambio de suspender la ejecución: una entrega parcial de acciones o la cesión de créditos estatales, como los del proyecto Yacyretá. La Corte de Apelaciones definirá en los próximos días si mantiene la suspensión y si acepta una alternativa de cumplimiento mientras se resuelve la apelación.